La Comisión Europea ha iniciado una investigación formal contra Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram. La pesquisa busca determinar si la compañía ha incumplido la Ley de Servicios Digitales (DSA) al no combatir eficazmente la difusión de desinformación y publicidad engañosa en sus plataformas. Esta acción subraya la creciente preocupación en Bruselas por la manipulación de la información y la interferencia extranjera, especialmente en periodos electorales.
La investigación se produce en un momento de máxima tensión regulatoria para las grandes tecnológicas en el continente. Las autoridades europeas sospechan que las medidas de Meta son insuficientes para proteger a los ciudadanos de contenido malicioso, lo que podría tener graves consecuencias para la integridad de los procesos democráticos en los países miembros.
¿Qué motivó la investigación de la UE?
La Comisión Europea ha expresado serias dudas sobre la efectividad de las políticas y prácticas de Meta para moderar el contenido político y la publicidad en Facebook e Instagram. Según fuentes de Bruselas, existe la sospecha de que la moderación de la compañía es deficiente y carece de la transparencia exigida por la nueva normativa.
Los puntos clave que impulsaron el procedimiento formal son:
- Publicidad engañosa: Se teme que las plataformas faciliten la propagación de anuncios que confunden a los usuarios y socavan el debate cívico.
- Contenido político y desinformación rusa: La investigación se centra en la posible explotación de las plataformas por campañas de interferencia extranjera, con un foco particular en las operaciones provenientes de Rusia.
- Herramientas ineficaces: La Comisión critica la eliminación de herramientas como CrowdTangle, que permitían a investigadores y periodistas monitorear la difusión de contenido en tiempo real, sin un reemplazo adecuado.
- Mecanismos de denuncia deficientes: Se sospecha que el sistema para que los usuarios notifiquen contenido ilegal no es tan accesible ni fácil de usar como lo exige la DSA.
«Hemos creado medios para proteger a los ciudadanos europeos de la desinformación y la manipulación selectivas por parte de terceros países. Si sospechamos una violación de las reglas, actuamos», afirmó la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.
Las posibles consecuencias para Meta
Bajo la Ley de Servicios Digitales, las grandes plataformas en línea tienen la obligación de implementar medidas robustas para contrarrestar el contenido ilegal y dañino. Si tras la investigación se determina que Meta ha infringido estas normativas, la compañía podría enfrentarse a sanciones económicas severas.
La multa podría ascender hasta el 6% de la facturación anual global de la empresa, lo que representaría una cifra multimillonaria. Esta investigación es parte de una serie de acciones que la UE está tomando para hacer que las grandes tecnológicas rindan cuentas y cumplan con las estrictas reglas del bloque. De hecho, esta no es la única pesquisa abierta; Bruselas también investiga si la UE acorrala a Meta: ultimátum por su modelo de pago y si las plataformas fomentan la adicción entre los menores.
La respuesta de Meta y el futuro de la publicidad política
En un movimiento que refleja la presión regulatoria, Meta anunció que suspenderá toda la publicidad política, electoral y sobre temas sociales en la Unión Europea a partir de principios de octubre. La compañía atribuyó esta «difícil decisión» a las «incertidumbres legales» y los «desafíos operativos» que plantea la nueva Regulación sobre la Transparencia y la Segmentación de la Publicidad Política (TTPA) de la UE.
Meta argumenta que estas regulaciones socavan su capacidad para ofrecer anuncios personalizados, perjudicando no solo a los anunciantes sino también «la capacidad de los votantes para acceder a información completa». Esta decisión sigue a una medida similar tomada por Google, lo que evidencia un retroceso más amplio de las grandes tecnológicas estadounidenses frente a las normativas europeas.
La compañía ha manifestado su disposición a cooperar con la Comisión Europea en la investigación, afirmando que cuenta con un proceso establecido para identificar y mitigar los riesgos en sus plataformas. Sin embargo, el pulso entre Bruselas y Silicon Valley parece intensificarse, con la protección de la democracia y la soberanía digital en el centro del debate.
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